Narcotraficantes amenazan de muerte a los jueces y fiscales ligados al caso Paya

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Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República anunció ayer que solicitará al pleno de la Suprema Corte de Justicia el traslado del caso Paya de San Cristóbal a la jurisdicción del Distrito Nacional, para garantizar la seguridad de los 13 fiscales que llevan el proceso, quienes son amenazados de muerte por los implicados.

Así lo informó el Procurador, Radhamés Jiménez, quien dijo que harán la solicitud porque el tribunal que apoderen en el Distrito Nacional tendría más espacio y la seguridad de los fiscales estará protegida.


El anuncio fue hecho durante rueda de prensa donde participaron además el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Pedro Rafael Peña Antonio; el asesor del Poder Ejecutivo en materia drogas, Marino Vinicio Castillo; el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y los 13 fiscales que tienen a su cargo el caso Paya, quienes señalaron que la persecución del crimen de narcotráfico es un asunto del Estado.

El jefe del Ministerio Público dijo que en una actitud arrogante y prepotente la mayoría de los imputados amenazaron de muerte a los fiscales que conocían el caso en San Cristóbal y con sus propias palabras dijeron: “a ustedes los vamos a matar”.

“Para el gobierno y el Estado en sentido general esto es inaceptable. Ante la gravedad de la situación y estando frente a una situación que arriesga la seguridad pública y la de los miembros del Ministerio Público pediremos a la Suprema Corte de Justicia el traslado del caso Paya al Distrito Nacional”, dijo.

Expresó que analizarán si procede iniciar algún tipo de acción en contra de los imputados que hicieron amenazas de muerte a los fiscales que fueron especializados y destinados al conocimiento del caso Paya, expediente en que están involucradas unas 25 personas, entre civiles y militares, acusados de matar a siete colombianos el 4 de agosto del pasado año.

De acuerdo con Jiménez, los fiscales adjuntos que reciben amenazas de linchamiento son Jesús Hernández Vélez, procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal; Robert Lugo Betancourt, fiscal de Peravia; y el fiscal adjunto de esa jurisdicción, Constantino Beltré Sánchez, además de los fiscales adjuntos del Distrito Nacional, Francisco Polanco Ureña y Fabián Melo.

También Germán Miranda Villalona, director de la Unidad Antilavado de Activos del Ministerio Público; Dulce María Luciano y María del Carmen de León, del mismo departamento, y los procuradores adjuntos de San Cristóbal, Paulino Zapata y Rigoberto Santana.

En tanto que Peña Antonio, lamentó que ex militares pertenecientes a la Marina de Guerra se hayan desnaturalizado por el uso y tráfico de drogas, como es la situación que involucra a varios en el caso Paya.


VINCHO CALIFICA INCIDENTE DE GRAVE
El jurista Marino Vinicio Castillo calificó el incidente como “grave, penoso y negativo”, tras señalar que se ha irrespetado a los jueces y profanado la Sala de Justicia de San Cristóbal.

Consideró que el narcotráfico ha querido desafiar a las autoridades gubernamentales sembrando temor, miedo y amenazas, a través de los representantes del ministerio público. Dijo que la Suprema Corte tiene el gran reto de sancionar los casos de narcotráfico con la mayor drasticidad posible, poniendo como ejemplo el caso Paya, y así poner a prueba la justicia dominicana en un duelo entre el Estado y el narcotráfico.

“Este caso pone en relieve la insolencia, el poder que creen tener y la estructura que rige el narcotráfico en el país. Eso tiene propósitos de intimidación, quieren impregnar miedo”, enfatizó Castillo.

Fuente: Listin Diario

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